Fundación Vía Libre presentó un pedido de información por el “gemelo digital” con IA del Gobierno
La organización reclamó detalles sobre el funcionamiento del “Gemelo Digital Social” anunciado por el Ministerio de Capital Humano, una plataforma con Inteligencia Artificial que buscaría anticipar el impacto de políticas públicas mediante el cruce de datos estatales y privados
El pedido apunta a conocer qué bases de datos utilizará el sistema, si procesará información sensible, qué controles tendrá sobre decisiones automatizadas y si existieron contactos con Palantir o con Peter Thiel, en medio de crecientes cuestionamientos por privacidad, vigilancia estatal y falta de transparencia.
El Ministerio de Capital Humano anunció la creación de una plataforma basada en Inteligencia Artificial que buscaría construir una réplica virtual dinámica de la sociedad argentina. Según la presentación oficial, el sistema permitiría simular escenarios sociales y económicos antes de implementar medidas concretas, utilizando información proveniente de organismos públicos y fuentes privadas para prever efectos sobre empleo, asistencia social, consumo y comportamiento ciudadano.
La iniciativa fue presentada por Javier Milei como un avance tecnológico para mejorar la gestión estatal. Sin embargo, rápidamente comenzaron las críticas por la opacidad del proyecto y por las dudas sobre el tratamiento de datos personales sensibles.
ARGENTINA SE ADELANTA AL FUTURO, PORQUE EL FUTURO NO ESPERA
— Javier Milei (@JMilei) May 22, 2026
Por primera vez, nuestro país lidera el futuro social.
El Ministerio de Capital Humano presenta el Gemelo Digital: un cambio de paradigma en la política social con el uso de Inteligencia Artificial.
MAGA.
VLLC! pic.twitter.com/4DY1Wexziq
Desde la Fundación Vía Libre advirtieron que el anuncio oficial no estuvo acompañado por documentación técnica, normativa ni detalles sobre el alcance real del sistema. En el pedido presentado ante el Ministerio de Capital Humano y la Agencia de Acceso a la Información Pública, la organización planteó interrogantes sobre la legalidad del esquema y reclamó precisiones sobre qué información será utilizada y cómo se garantizarán los derechos de los ciudadanos.
“Plantea riesgos muy graves, está anunciado de forma muy opaca y, a la vez, parecería que todas las reformas que se fueron dando a la ley de inteligencia y el texto del acuerdo con Estados Unidos, más la venida de Thiel, plantearon el escenario para esto”, afirmó Margarita Trovato, responsable de políticas públicas de la Fundación Vía Libre.
Uno de los principales focos de preocupación gira en torno al cruce masivo de bases de datos estatales. En la presentación, la organización pregunta específicamente si el sistema utilizará información proveniente de ANSES, RENAPER, Migraciones, Ministerio de Salud, Educación u otros organismos públicos, además de datos provenientes del sector privado.
También reclama conocer si el Gobierno prevé tratar “datos sensibles” en los términos de la Ley de Protección de Datos Personales y qué mecanismos de consentimiento informado existirían para los ciudadanos cuyos datos sean procesados.
Otro de los puntos centrales del pedido apunta a la utilización de decisiones automatizadas. La Fundación Vía Libre preguntó si el sistema podrá intervenir en asignaciones de programas sociales, jubilaciones u otras prestaciones estatales y qué mecanismos de revisión humana existirían frente a posibles errores, sesgos o discriminaciones algorítmicas.
En paralelo, la organización puso el foco sobre los posibles proveedores tecnológicos del proyecto. El documento consulta explícitamente si el Ministerio mantuvo reuniones con representantes de Palantir Technologies o con Peter Thiel, uno de los fundadores de la compañía y aliado político de sectores de la nueva derecha internacional.
Palantir es una de las firmas más cuestionadas a nivel global por sus sistemas de análisis masivo de datos utilizados por agencias de inteligencia, fuerzas de seguridad y gobiernos. La mención no pasó inadvertida porque semanas atrás Peter Thiel visitó Argentina y mantuvo contactos con funcionarios y empresarios cercanos al oficialismo.
El pedido de acceso a la información también exige detalles sobre la infraestructura donde se alojarán los datos, si habrá servidores estatales o privados y si la información podría almacenarse fuera del país.
En el documento presentado ante el Gobierno, la Fundación Vía Libre sostuvo que el anuncio genera “fuerte preocupación” en torno a la protección de derechos fundamentales en entornos digitales, especialmente en relación con la privacidad y el tratamiento de datos personales.
La organización además recordó que el acceso a la información pública constituye un derecho garantizado constitucionalmente y reclamó que el Ejecutivo explique bajo qué normativa se creó el programa, qué organismo será responsable de administrarlo y en qué estado real de desarrollo se encuentra.
