29 estados de EE.UU. llevan a Meta a juicio por presunta adicción de menores a Instagram y Facebook

El juicio comenzó esta semana ante un tribunal federal de Oakland, California, y está previsto que se extienda durante al menos seis semanas. California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey encabezan la presentación durante el juicio, aunque la demanda consolidada incluye a fiscales generales de 29 estados. 

La disputa puede convertirse en un punto de inflexión para la industria tecnológica estadounidense porque no se limita a discutir qué contenidos aparecen en las redes sociales, sino que pone bajo la lupa el propio diseño de las plataformas y los mecanismos utilizados para aumentar el tiempo que los usuarios permanecen conectados.

La acusación: diseñar para retener

Según los estados demandantes, Meta habría incorporado deliberadamente características destinadas a aumentar el uso de Instagram y Facebook entre los jóvenes y, al mismo tiempo, habría engañado al público acerca de los riesgos asociados.

Durante los argumentos iniciales, la fiscal general adjunta de California Megan O’Neill describió un modelo basado en captar al usuario, mantenerlo conectado, recolectar sus datos y ocultar al público lo que la empresa sabía sobre sus efectos. 

La demanda original fue presentada en 2023 y sostiene que determinadas características de Instagram y Facebook fueron diseñadas para incentivar un uso excesivo entre niños y adolescentes. Los fiscales también acusan a Meta de recopilar datos de menores de 13 años sin el consentimiento parental exigido por la legislación estadounidense de protección de la privacidad infantil. 

Entre las características cuestionadas aparecen mecanismos destinados a mantener al usuario dentro de la plataforma durante períodos cada vez más prolongados, incluido el denominado “scroll infinito”, junto con otras herramientas de interacción y recomendación. 

Un exingeniero de Facebook declaró contra la compañía

Uno de los primeros testimonios relevantes fue el de Arturo Béjar, exdirector de ingeniería de Facebook y posteriormente consultor de Meta, quien se convirtió en denunciante de las prácticas de seguridad de la compañía.

Béjar declaró que durante sus años en Facebook la velocidad para lanzar productos podía imponerse sobre las consideraciones de seguridad y cuestionó la manera en que la empresa abordaba la presencia de menores de 13 años en sus plataformas. 

El exejecutivo también llevó el problema al terreno personal: relató las dificultades que experimentó con el uso de Instagram por parte de su propia hija adolescente y sostuvo que había advertido internamente sobre problemas relacionados con la seguridad de los jóvenes. 

Meta niega las acusaciones

Meta rechaza haber diseñado deliberadamente sus plataformas para generar adicción entre los menores.

La defensa sostiene que la demanda presenta una visión distorsionada de las políticas de la compañía y argumenta que Meta ha desarrollado durante años herramientas destinadas a proteger a adolescentes y familias.

La empresa también cuestiona que pueda establecerse una relación causal directa entre sus productos y los problemas de salud mental adolescente, señalando que se trata de fenómenos complejos en los que intervienen múltiples factores. 

Por lo tanto, las afirmaciones de que Meta conocía los daños, priorizó deliberadamente sus beneficios o engañó al público son acusaciones de los estados que todavía deben ser evaluadas por el jurado, y no hechos judicialmente establecidos en este proceso.

Una disputa que puede costar cientos de miles de millones

El impacto económico potencial también es extraordinario. Las estimaciones sobre la exposición de Meta varían según qué sanciones y cálculos prosperen: algunas fuentes sitúan los reclamos alrededor de US$200.000 millones, mientras que Meta ha advertido que determinadas interpretaciones de las sanciones podrían llevar la cifra máxima hasta aproximadamente US$1,4 billones (millones de millones) de dólares. 

Pero el verdadero riesgo para la compañía puede ir mucho más allá de una indemnización.

Los estados buscan también cambios estructurales en el funcionamiento de Facebook e Instagram, que podrían afectar algunas de las herramientas utilizadas para aumentar la interacción y el tiempo de permanencia de los usuarios.

Esto transforma el caso en una discusión sobre uno de los pilares económicos de las redes sociales: cuanto más tiempo permanece una persona dentro de una plataforma, más oportunidades existen de mostrarle publicidad, obtener información sobre sus intereses y monetizar su actividad.

Zuckerberg deberá dar explicaciones

Está previsto que durante las próximas semanas declaren algunos de los principales ejecutivos de la compañía, entre ellos Mark Zuckerberg, CEO de Meta, y Adam Mosseri, responsable de Instagram. 

Sus testimonios serán especialmente relevantes para determinar qué conocía la dirección de Meta sobre los efectos de sus productos y cómo se tomaban internamente las decisiones relacionadas con crecimiento, interacción y seguridad.

El proceso llega, además, en un momento de creciente presión judicial sobre las grandes plataformas. Meta y otras compañías tecnológicas enfrentan múltiples litigios en Estados Unidos relacionados con el impacto de las redes sociales sobre niños y adolescentes. 

Un juicio que puede cambiar las reglas de las redes sociales

El caso trasciende a Meta. Lo que está en discusión es hasta dónde puede llegar una plataforma digital para captar y retener la atención de sus usuarios cuando esos usuarios son menores de edad.

Si los estados logran demostrar que determinadas decisiones de diseño fueron adoptadas con conocimiento de sus posibles consecuencias y que la compañía ocultó esos riesgos, el fallo podría abrir la puerta a nuevas obligaciones sobre verificación de edad, privacidad, diseño de algoritmos, notificaciones, recomendaciones y límites al uso de determinadas funciones por parte de menores.

Por eso, el juicio de Oakland puede convertirse en una referencia para el futuro de toda la industria.

Durante años, la discusión tecnológica estuvo centrada en qué contenidos consumen los menores en Internet. Este proceso plantea una pregunta diferente y posiblemente más profunda: si el problema también está en cómo fueron construidas las plataformas para conseguir que los usuarios no quieran salir de ellas.