Brasil apuesta por los data centers: beneficios fiscales a cambio de energía limpia e inversión tecnológica

Brasil convirtió la infraestructura digital en una nueva política industrial. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionó el 15 de septiembre la Ley 15.504, que establece el Régimen Especial de Tributación para Servicios de Data Center, conocido como Redata.

El programa busca reducir el costo de instalar, modernizar o ampliar centros de datos en territorio brasileño y atraer inversiones vinculadas con la computación en la nube, el procesamiento de alto rendimiento y el entrenamiento y funcionamiento de modelos de inteligencia artificial.

La decisión llega en medio de un crecimiento acelerado de la demanda mundial de capacidad informática. Según datos divulgados por el Senado brasileño, el país cuenta con al menos 160 centros de datos, de los cuales alrededor de 110 se encuentran en la región Sudeste. Al mismo tiempo, aproximadamente el 60% de los datos producidos por los brasileños se almacena fuera del país.

El Gobierno pretende modificar esa situación mediante una combinación de incentivos fiscales, compromisos de inversión tecnológica y exigencias ambientales. El texto completo puede consultarse en el sitio oficial de la Presidencia: Ley 15.504, del 15 de septiembre de 2026.

Las conversiones monetarias utilizadas en esta nota toman como referencia un dólar equivalente a 5,128 reales, cotización registrada el 18 de septiembre de 2026. Por ese motivo, los valores expresados en dólares son aproximados y pueden cambiar con la evolución del tipo de cambio.

Quiénes podrán acceder al Redata

El régimen está dirigido a empresas que presenten proyectos de instalación, modernización o ampliación de servicios de data center en Brasil. La definición legal incluye las infraestructuras y los recursos informáticos utilizados para almacenar, procesar y administrar datos y aplicaciones digitales.

La normativa contempla expresamente los servicios de computación en la nube, procesamiento de alto rendimiento, entrenamiento de modelos de inteligencia artificial e inferencia. Este último concepto comprende la utilización de modelos previamente entrenados para generar respuestas, contenidos, predicciones o análisis.

El Poder Ejecutivo podrá incorporar otros servicios digitales relacionados. También podrán recibir beneficios las empresas que fabriquen equipamiento tecnológico destinado a los centros de datos inscriptos en el programa, siempre que exista un vínculo contractual con el operador principal.

La entrada al Redata no será automática. La autorización deberá ser concedida por la Receita Federal, dependiente del Ministerio de Hacienda. Para acceder, la empresa tendrá que encontrarse al día con sus obligaciones tributarias federales y no podrá figurar en el registro brasileño de deudores del sector público, conocido como Cadin. Las compañías adheridas al sistema simplificado de impuestos para micro y pequeñas empresas, denominado Simples, no podrán ingresar al régimen.

Qué beneficios recibirán las empresas

La principal ventaja del Redata es la suspensión de los impuestos que inciden sobre determinados componentes electrónicos y productos de tecnologías de la información y las comunicaciones.

El beneficio alcanza al PIS/Pasep y a la Cofins aplicados sobre las compras realizadas dentro de Brasil, así como al PIS/Pasep-Importación y a la Cofins-Importación. También comprende el Impuesto sobre Productos Industrializados, conocido como IPI, y el Impuesto de Importación. La suspensión podrá utilizarse tanto para adquisiciones efectuadas en el mercado brasileño como para equipos comprados en el exterior, siempre que los bienes se incorporen al activo fijo del data center y formen parte del listado que deberá aprobar el Poder Ejecutivo.

En el caso del Impuesto de Importación, el beneficio solamente se aplicará a productos que no tengan un equivalente fabricado en Brasil. La suspensión del IPI tampoco podrá utilizarse para determinados componentes producidos en la Zona Franca de Manaos, una limitación incorporada para preservar las ventajas competitivas de ese polo industrial.

Cuando la empresa demuestre que cumplió sus compromisos y que los equipos fueron efectivamente incorporados al centro de datos, la suspensión tributaria se transformará en una alícuota cero definitiva. El mecanismo no representa, por lo tanto, una transferencia directa de dinero público, sino una exención condicionada al cumplimiento de obligaciones posteriores.

Los beneficios tendrán una vigencia general de cinco años. Sin embargo, la ley dispone que los incentivos correspondientes al PIS/Cofins y al IPI producirán efectos hasta el 31 de diciembre de 2026 debido a la transición hacia el nuevo sistema tributario brasileño. La forma en que continuarán esos beneficios deberá armonizarse con la reforma impositiva y con la reglamentación pendiente.

Un costo fiscal estimado en US$1.400 millones

La ley no establece una inversión mínima idéntica para cada proyecto ni crea un fondo público destinado a financiar directamente la construcción de los centros de datos. El incentivo consiste, principalmente, en reducir la carga tributaria sobre los equipos tecnológicos.

De acuerdo con las estimaciones oficiales divulgadas por el Senado, el Redata tendría un costo fiscal aproximado de US$1.014 millones en 2026. La renuncia tributaria se reduciría a cerca de US$195 millones en 2027 y a una cifra similar en 2028. En total, Brasil dejaría de recaudar alrededor de US$1.404 millones durante los primeros tres años del programa. Ese monto corresponde a los impuestos que el Estado no cobraría y no debe confundirse con las inversiones privadas que podrían materializarse como consecuencia del régimen.

El volumen final de inversiones dependerá de la reglamentación, del listado de equipos beneficiados, de la disponibilidad de energía eléctrica y capacidad de transmisión, del acceso a terrenos y de las decisiones de las grandes compañías tecnológicas.

Capacidad obligatoria para el mercado brasileño

Las empresas que reciban los beneficios deberán poner a disposición del mercado interno al menos el 10% de la capacidad efectiva de procesamiento, almacenamiento y tratamiento de datos instalada mediante el Redata.

La norma impide que esa capacidad se destine a exportación o al uso propio de la compañía bajo el argumento de que no existe suficiente demanda local. El cumplimiento se calculará mediante la relación entre la facturación anual obtenida en Brasil y la facturación total generada por los servicios instalados con los beneficios del régimen.

La capacidad también podrá cederse gratuitamente a instituciones científicas y tecnológicas o al sector público para desarrollar políticas públicas, apoyar startups y fortalecer el ecosistema digital. Esa cesión será computada mediante un factor multiplicador que deberá establecer el Poder Ejecutivo.

La ley ofrece una alternativa para las compañías que no quieran asumir la reserva de capacidad. La obligación podrá reemplazarse mediante una inversión adicional equivalente al 10% del valor de los equipos adquiridos con beneficios fiscales en proyectos de investigación, desarrollo e innovación. Además de reservar capacidad para el mercado interno, las empresas deberán invertir en Brasil una suma equivalente al 2% del valor de los equipos comprados o importados bajo el Redata.

Los recursos tendrán que destinarse a proyectos prioritarios para el desarrollo de la economía digital. Las inversiones podrán realizarse en asociación con instituciones científicas, tecnológicas y de innovación, universidades y establecimientos educativos reconocidos, empresas públicas que administren fondos para compañías tecnológicas u organizaciones dedicadas a la investigación aplicada.

El Poder Ejecutivo también podrá permitir que esos aportes se concentren en un fondo privado destinado a financiar programas y proyectos de la cadena productiva digital. El compromiso será proporcional al tamaño de cada operación. Si una compañía adquiriera equipamiento por un valor equivalente a US$195 millones, por ejemplo, tendría que invertir aproximadamente US$3,9 millones en investigación, desarrollo e innovación.

Si además decidiera reemplazar la obligación de reservar capacidad para el mercado brasileño, debería efectuar una inversión adicional de alrededor de US$19,5 millones. Estas cifras funcionan únicamente como ejemplos de aplicación de los porcentajes legales y no representan inversiones ya confirmadas.

Energía limpia y límites al consumo de agua

Los centros de datos deberán cubrir el 100% de su demanda eléctrica contratada mediante acuerdos de suministro o mecanismos de autoproducción basados en fuentes renovables o de baja emisión.

La ley no restringe el suministro a la energía solar y eólica. También admite otras fuentes renovables y tecnologías de bajas emisiones, cuyos criterios deberán precisarse en la reglamentación. La obligación se refiere a la energía contratada y no necesariamente a la electricidad que ingresa físicamente al establecimiento durante cada hora de funcionamiento. La forma de certificar el origen del suministro será uno de los aspectos técnicos más relevantes que tendrá que definir el Poder Ejecutivo.

Las compañías también deberán cumplir un Índice de Eficiencia Hídrica, conocido internacionalmente como WUE, igual o inferior a 0,05 litros de agua por kilovatio-hora. El indicador se medirá anualmente y relacionará el agua empleada, principalmente para refrigeración, con la energía consumida por la infraestructura. El límite pretende impulsar la utilización de sistemas de enfriamiento de circuito cerrado, refrigeración seca y otras tecnologías capaces de reducir el consumo de agua potable.

Cada empresa deberá publicar en un sitio de fácil acceso un informe de sostenibilidad con su índice de eficiencia hídrica, las fuentes de energía utilizadas y los demás indicadores que establezca la reglamentación. El Gobierno también podrá crear un repositorio público que reúna la información ambiental de todos los proyectos beneficiados.

El Redata incluye condiciones más favorables para los centros de datos que se instalen en las regiones Norte, Nordeste y Centro-Oeste, incluidas las áreas alcanzadas por las agencias regionales de desarrollo. En esos territorios, la obligación de destinar capacidad al mercado brasileño se reducirá del 10% al 8%, mientras que la inversión obligatoria en investigación y desarrollo bajará del 2% al 1,6%.

La ley también determina que al menos el 40% de los recursos destinados a programas de desarrollo de la economía digital deberá invertirse en esas regiones. La medida busca reducir la elevada concentración de centros de datos en San Pablo y otros estados del Sudeste. Su efectividad dependerá, sin embargo, de que las regiones beneficiadas dispongan de redes eléctricas, fibra óptica, conectividad internacional y personal especializado.

Brasil busca transformar energía en capacidad de cómputo

Con el Redata, Brasil intenta aprovechar el tamaño de su mercado, su matriz eléctrica con elevada participación de fuentes renovables y su conexión mediante cables submarinos con América del Norte, Europa y África.

La política reconoce que la inteligencia artificial ya no depende solamente de algoritmos. Su desarrollo requiere centros de datos, procesadores avanzados, sistemas de refrigeración, grandes contratos eléctricos y redes de telecomunicaciones capaces de transportar enormes cantidades de información.

El principal interrogante será si los aproximadamente US$1.400 millones en beneficios fiscales proyectados permitirán construir una cadena tecnológica local o si solamente facilitarán la importación de servidores destinados a ofrecer servicios para el exterior.

La capacidad reservada para el mercado interno, las inversiones obligatorias en investigación y las exigencias ambientales buscan evitar ese segundo escenario. Brasil no quiere limitarse a recibir depósitos de servidores: pretende convertir parte de la expansión mundial de la inteligencia artificial en infraestructura, conocimiento y capacidad informática disponible dentro del país.