Impuestos aislados a la IA pueden desviar inversiones y acelerar una competencia regulatoria global

Las propuestas presentadas por legisladores demócratas en Estados Unidos para gravar a las grandes empresas de inteligencia artificial abren una discusión necesaria sobre cómo distribuir los beneficios económicos de la automatización. Sin embargo, impuestos nacionales diseñados de manera aislada, sin medidas equivalentes en otros países, podrían terminar afectando las inversiones que pretenden regular.

El proyecto AI Tax and Work Protection Act, impulsado por los representantes Greg Casar, Valerie Foushee y Sara Jacobs, propone cobrar a los desarrolladores de grandes modelos el mayor resultado entre un impuesto sobre el valor de los tokens procesados y otro sobre los ingresos generados por los servicios de IA. Las tasas aumentarían automáticamente cuando el desempleo estadounidense supere el 5%.

En paralelo, el senador demócrata Ron Wyden propuso eliminar beneficios fiscales para centros de datos y crear un impuesto especial sobre esas instalaciones. Aunque ambas iniciativas tienen diseños diferentes, comparten el objetivo de transferir una parte de los beneficios de la expansión de la IA hacia programas de empleo y protección social.

El problema no está necesariamente en el objetivo, sino en la escala de aplicación. La inteligencia artificial funciona mediante una cadena de valor distribuida internacionalmente: los modelos pueden desarrollarse en un país, entrenarse en centros de datos ubicados en otro, comercializarse desde una tercera jurisdicción y utilizarse simultáneamente en cientos de mercados.

El capital tecnológico puede cambiar de jurisdicción

Los centros de datos no pueden trasladarse instantáneamente, pero las compañías sí pueden modificar la localización de sus próximas inversiones. La disponibilidad de energía, agua, chips, conectividad, permisos, beneficios fiscales y estabilidad regulatoria forma parte de la decisión sobre dónde instalar cada nuevo complejo.

Esta competencia es particularmente relevante porque los centros de datos ya representan más de una quinta parte de la inversión mundial en nuevos proyectos empresariales, según ONU Comercio y Desarrollo. Durante 2025, fueron uno de los principales motores de la inversión internacional, aunque los proyectos estuvieron concentrados en un número reducido de economías.

Si Estados Unidos grava unilateralmente el procesamiento de tokens, los ingresos de los modelos y la construcción de infraestructura, mientras otros países ofrecen energía subsidiada, depreciación acelerada o exenciones tributarias, las empresas podrían dirigir parte de sus futuras inversiones hacia esas jurisdicciones.

Un impuesto sobre tokens puede ser difícil de controlar

La movilidad es todavía mayor en el procesamiento de modelos. Una consulta realizada por un usuario estadounidense puede ser atendida por infraestructura ubicada fuera del país. También es posible distribuir dinámicamente las cargas de trabajo entre distintos centros de datos según el precio de la electricidad, la disponibilidad de chips o la demanda.

Esto plantea una dificultad para el proyecto demócrata: determinar dónde se produce fiscalmente un token. Puede considerarse el lugar donde está el usuario, donde se cobra el servicio, donde funciona el servidor, donde está registrada la empresa o donde fue desarrollado el modelo.

Sin acuerdos internacionales, las compañías podrían reorganizar contratos, licencias y operaciones entre subsidiarias. El riesgo es generar arbitraje regulatorio, es decir, que una misma actividad sea trasladada jurídicamente hacia el país que ofrece el tratamiento fiscal más conveniente, aunque los servicios continúen utilizándose en Estados Unidos.

Además, establecer un valor de mercado uniforme para tokens de texto, código, imágenes, audio y video será técnicamente complejo. Los modelos tienen arquitecturas, costos y estrategias comerciales diferentes. Una regulación exclusivamente estadounidense podría terminar imponiendo mayores costos de cumplimiento a las empresas locales que a competidores extranjeros con estructuras menos transparentes.

El riesgo de fortalecer a los competidores

Una carga tributaria excesiva o mal coordinada también podría producir un resultado geopolítico contrario al esperado. Si las empresas estadounidenses reducen inversiones en capacidad de cómputo mientras China, los países del Golfo, Europa o distintas economías asiáticas mantienen políticas agresivas de incentivo, Estados Unidos podría perder participación en una infraestructura considerada estratégica.

El impuesto sobre tokens podría trasladarse parcialmente a los clientes mediante precios más altos. Eso encarecería la adopción de IA para startups, universidades y pequeñas empresas que dependen de los modelos desarrollados por los grandes laboratorios, aun cuando no sean responsables directos de la automatización laboral.

También existe una tensión en vincular la tasa con el desempleo general. Una recesión puede elevar simultáneamente la desocupación, reducir los ingresos empresariales y aumentar el impuesto. Aunque el proyecto permite excluir guerras, pandemias y crisis ajenas a la IA, separar estadísticamente qué parte del desempleo fue provocada por la automatización será una tarea extremadamente controvertida.

La experiencia del impuesto mínimo global

El antecedente más relevante es el acuerdo impulsado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el G20 para establecer un impuesto corporativo mínimo global. El denominado Pilar Dos busca que las grandes multinacionales paguen un nivel mínimo de impuestos en cada jurisdicción y reducir los incentivos para trasladar artificialmente sus ganancias.

La arquitectura fue negociada dentro de un marco integrado por 147 países y jurisdicciones. Su objetivo no fue eliminar la soberanía tributaria, sino establecer un piso común que limitara la competencia fiscal y redujera el desplazamiento de beneficios hacia países con impuestos mínimos o inexistentes. La OCDE explica que la coordinación busca reducir el traslado de ganancias y la competencia tributaria.

La inteligencia artificial podría requerir un proceso semejante. No necesariamente un impuesto mundial idéntico, pero sí definiciones compartidas, reglas de atribución, mecanismos de información y criterios mínimos para financiar la transición laboral.