La Justicia bonaerense busca fijar límites al uso de inteligencia artificial en los tribunales

La iniciativa fue formalizada a través de la Resolución SC 1719/26, mediante la cual la Suprema Corte puso en conocimiento el proyecto denominado “Reglamento para el desarrollo y uso responsable de la Inteligencia Artificial de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires”. Luego, por la Resolución RP 747/26, se abrió el proceso de consulta participativa, que estará vigente desde el 24 de junio hasta el 7 de agosto de 2026 inclusive.

El proceso busca reunir observaciones y aportes de magistrados, funcionarios, agentes judiciales, colegios profesionales, instituciones académicas y otros sectores interesados. Según la información oficial, los comentarios deberán presentarse a través de un formulario habilitado para la consulta.

El proyecto parte de una premisa central: la inteligencia artificial puede ser una herramienta de apoyo, pero no puede reemplazar la decisión humana ni el razonamiento jurídico propio de jueces y funcionarios. En ese sentido, el reglamento establece que la función jurisdiccional es indelegable e insustituible.

Uno de los puntos más relevantes del texto es la clasificación de los usos de IA según su nivel de riesgo. El proyecto distingue entre usos de bajo riesgo, usos de alto riesgo y usos prohibidos o restringidos. Esa diferenciación busca evitar que herramientas diseñadas para asistir tareas administrativas terminen influyendo sin control en decisiones judiciales sensibles.

Entre los usos considerados de bajo riesgo aparecen tareas como la clasificación de expedientes, la programación de audiencias, la anonimización de resoluciones, la transcripción automática, la traducción de documentos, la corrección gramatical, la elaboración de estadísticas judiciales y los chatbots informativos. Se trata de funciones de apoyo que, en principio, no deberían incidir directamente sobre el contenido de una sentencia o resolución.

Distinto es el caso de los usos de alto riesgo. Allí se ubican las herramientas capaces de asistir en la interpretación normativa, el análisis de jurisprudencia, la predicción de resultados judiciales, la valoración de prueba o la generación de propuestas de resolución. Para ese tipo de aplicaciones, el proyecto exige mayores controles: autorización expresa, análisis de impacto algorítmico, supervisión humana, registro público, monitoreo continuo y mecanismos de impugnación.

El texto también marca límites explícitos. Prohíbe la automatización plena de decisiones judiciales, el uso de sistemas sin supervisión humana efectiva, la utilización de herramientas que reproduzcan sesgos discriminatorios y el empleo de inteligencia artificial externa con datos judiciales confidenciales sin garantías suficientes de protección.

Otro punto sensible es el uso de IA generativa en expedientes judiciales. El proyecto advierte que no se podrán cargar datos confidenciales en plataformas comerciales o sistemas de uso general que puedan almacenar o reutilizar esa información. Además, establece que toda cita normativa, jurisprudencial o doctrinaria producida con asistencia de IA deberá ser verificada por una persona antes de incorporarse a una actuación judicial.

La preocupación no es menor. En los últimos años, distintas herramientas de inteligencia artificial demostraron capacidad para producir textos jurídicos, resumir expedientes, buscar antecedentes y redactar borradores. Pero también se conocieron riesgos asociados a errores, sesgos, invención de citas, falta de trazabilidad y opacidad en los criterios utilizados por los sistemas.

En ese contexto, la Suprema Corte bonaerense busca anticiparse a una posible expansión desordenada de estas tecnologías dentro de los tribunales. El reglamento no bloquea el uso de IA, pero intenta fijar condiciones para que su incorporación no afecte derechos, garantías procesales ni la responsabilidad de los funcionarios judiciales.

La consulta será procesada por la Comisión de Gobernanza y Uso de Inteligencia Artificial, integrada por áreas técnicas y jurisdiccionales de la Suprema Corte. Ese organismo deberá analizar los aportes recibidos y elevar un informe final al tribunal el 10 de septiembre de 2026.

El debate recién comienza, pero marca un punto clave: la discusión sobre inteligencia artificial en la Justicia ya no pasa solo por la eficiencia o la modernización tecnológica. También involucra control democrático, transparencia, protección de datos, independencia judicial y el derecho de las personas a que sus casos sean decididos por autoridades humanas responsables.

La provincia de Buenos Aires, el distrito judicial más grande del país, busca así definir una regla básica antes de avanzar: la inteligencia artificial puede asistir, ordenar y acelerar procesos, pero no puede convertirse en juez.