La propuesta fue presentada como una Iniciativa de Transparencia Ambiental en IA. El pedido central apunta a que las compañías informen tres dimensiones concretas: huella de carbono, consumo de agua y uso de suelo. Además, Guterres reclamó que los centros de datos que sostienen estos sistemas funcionen con energía renovable para 2030.
El planteo de la ONU parte de un dato estructural: la inteligencia artificial no depende solo de modelos, algoritmos o software. Su funcionamiento requiere centros de datos, electricidad, refrigeración, chips, infraestructura física y cadenas de suministro. Por eso, el impacto ambiental de la IA no se limita a las emisiones de carbono.
Según la Universidad de Naciones Unidas, los centros de datos consumieron aproximadamente 448 teravatios hora de electricidad en 2025. Para 2030, esa demanda podría alcanzar los 945 teravatios hora anuales. Esa cifra representa cerca del 3% del consumo eléctrico mundial proyectado.

El mismo informe estima que, hacia 2030, la huella hídrica asociada al consumo eléctrico de los centros de datos podría llegar a 9,3 billones de litros de agua. También calcula una huella territorial superior a 14.500 kilómetros cuadrados, vinculada a la infraestructura energética y a las cadenas de suministro necesarias para sostener el crecimiento de la IA.
Guterres advirtió que las comunidades donde se instalan estas infraestructuras suelen no contar con información suficiente sobre el impacto ambiental de los proyectos. Por eso, el eje del reclamo no fue frenar el desarrollo de la inteligencia artificial, sino exigir más transparencia pública sobre sus costos materiales.
El informe de la Universidad de Naciones Unidas también sostiene que medir solo las emisiones de carbono resulta insuficiente. Una fuente de energía puede reducir emisiones, pero aumentar el uso de agua o de tierra. Por eso, el organismo plantea que la evaluación ambiental de la IA debe incluir carbono, agua y suelo al mismo tiempo.
Otro punto señalado por el informe es que el mayor consumo energético no ocurre únicamente durante el entrenamiento de los modelos. Una vez desplegados, el uso cotidiano de los sistemas —la llamada inferencia— representa entre el 80% y el 90% del gasto energético total asociado a la IA.
La ONU también advierte sobre la concentración geográfica de la infraestructura. Según el informe, solo 32 países alojan centros de datos especializados en IA, y más del 90% de esa capacidad se concentra en dos países. Para el organismo, esto abre una discusión sobre desigualdad tecnológica y ambiental: algunos territorios concentran los beneficios económicos y estratégicos, mientras otros pueden quedar expuestos a extracción de minerales, residuos electrónicos o presión sobre recursos naturales.

El reclamo de Guterres se suma a un debate creciente sobre el crecimiento acelerado de los centros de datos. La Agencia Associated Press señaló que, actualmente, la electricidad consumida por los centros de datos a nivel global proviene en parte de carbón, gas natural, renovables y energía nuclear. El aumento de la demanda por IA puede complicar los compromisos climáticos de las grandes tecnológicas si la nueva infraestructura se alimenta con fuentes fósiles.
La información disponible no muestra que la ONU haya aprobado una norma obligatoria contra las empresas de IA. Lo verificado es que el secretario general propuso una iniciativa de transparencia, pidió reportes públicos sobre impacto ambiental y reclamó una transición hacia centros de datos alimentados con energía renovable para 2030.
El debate abierto por Naciones Unidas es concreto: la inteligencia artificial puede ser una herramienta para resolver problemas climáticos, energéticos y productivos, pero su expansión también tiene costos físicos medibles. La discusión ya no pasa solo por qué puede hacer la IA, sino por cuánta energía, agua y territorio requiere para funcionar.