Un organismo similar al de Energía Atómica podría servir para la gobernanza de la IA

La comunidad internacional podría recurrir a una institución creada durante la Guerra Fría para enfrentar uno de los grandes desafíos tecnológicos del siglo XXI. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), establecido en 1957, aparece como una referencia posible para construir un sistema mundial de supervisión sobre los modelos de inteligencia artificial más avanzados.

El OIEA no funciona como un gobierno nuclear global: su tarea consiste en registrar materiales, inspeccionar instalaciones y verificar que los programas civiles no sean utilizados para desarrollar armas. Cuando encuentra inconsistencias o incumplimientos, puede presentar el caso ante su Junta de Gobernadores y, eventualmente, elevarlo al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El organismo inspecciona e informa, pero no dispone de fuerzas propias ni puede imponer sanciones directamente.

Una estructura semejante podría aplicarse a la IA de frontera. En lugar de controlar uranio, plutonio y reactores, una autoridad internacional podría supervisar grandes concentraciones de chips, centros de datos, consumo energético y entrenamientos que superen determinados niveles de capacidad computacional. Los laboratorios alcanzados deberían informar sus proyectos y someter sus modelos a evaluaciones independientes antes de lanzarlos.

El “uranio” de la inteligencia artificial

El principal elemento verificable sería la capacidad de cómputo. Entrenar un modelo extremadamente poderoso requiere miles de procesadores avanzados, grandes instalaciones, energía y servicios de nube. Aunque el software puede copiarse y distribuirse con facilidad, esa infraestructura resulta más difícil de ocultar.

Un eventual organismo internacional podría recibir información de fabricantes de chips, operadores de centros de datos y empresas tecnológicas. También tendría capacidad para realizar auditorías de ciberseguridad y pruebas controladas destinadas a determinar si un modelo puede facilitar ciberataques, producción de armas biológicas, manipulación masiva, vigilancia ilegal o acciones autónomas fuera del control humano.

La supervisión no debería extenderse a todas las aplicaciones de IA. El régimen especial comenzaría cuando un sistema superara determinados umbrales de cómputo, autonomía o peligrosidad. De esa manera, pequeñas empresas, universidades y proyectos abiertos podrían continuar innovando sin quedar sometidos a las mismas obligaciones que OpenAI, Anthropic, Google DeepMind, Meta, xAI o los principales laboratorios chinos.

Una propuesta impulsada desde la propia industria

La comparación con el OIEA no es solamente teórica. En 2023, Sam Altman, Greg Brockman e Ilya Sutskever plantearon que los sistemas de superinteligencia deberían quedar bajo una autoridad internacional capaz de inspeccionar proyectos, exigir auditorías, comprobar estándares de seguridad y establecer restricciones sobre su despliegue.

OpenAI también propuso utilizar el cómputo y el consumo de energía como indicadores para identificar los proyectos que deberían estar bajo supervisión. La compañía aclaró que el régimen tendría que concentrarse en riesgos extremos y no utilizarse para controlar lo que los modelos pueden decir ni para regular desarrollos de menor escala. 

Dario Amodei, CEO de Anthropic, avanzó en una dirección similar al reclamar coordinación entre las empresas líderes y los gobiernos para controlar la velocidad con la que avanza la frontera tecnológica. El principio consiste en evitar que la competencia obligue a los laboratorios a lanzar sistemas cada vez más poderosos sin contar con evaluaciones, medidas de seguridad y tiempo suficiente para comprender sus riesgos.

Los primeros componentes ya existen

Todavía no existe un “OIEA de la inteligencia artificial”, pero algunas de sus piezas comenzaron a desarrollarse. La Declaración de Bletchley, acordada inicialmente por Estados Unidos, China, la Unión Europea, Reino Unido y otros países, reconoció que los riesgos de la IA avanzada tienen una dimensión internacional y requieren evaluaciones científicas, estándares comunes y cooperación entre gobiernos. 

Naciones Unidas, por su parte, creó el Panel Científico Internacional Independiente sobre Inteligencia Artificial y el Diálogo Global sobre Gobernanza de la IA. El panel puede elaborar informes anuales y documentos sobre riesgos y oportunidades, pero no cuenta con facultades para inspeccionar empresas, detener entrenamientos o imponer sanciones.

China también ingresó en esta disputa institucional. En 2026, el presidente Xi Jinping anunció la creación de WAICO, respaldada inicialmente por 29 países, y pidió reconocer el papel central de Naciones Unidas en la gobernanza tecnológica. 

El gran obstáculo: la competencia entre potencias

La principal dificultad no es tecnológica, sino geopolítica. Estados Unidos y China consideran la inteligencia artificial una infraestructura estratégica para su crecimiento económico, su seguridad y sus capacidades militares. Aceptar inspecciones internacionales podría implicar revelar secretos industriales, configuraciones de hardware o características de modelos sensibles.

Un acuerdo inicial debería limitarse, por lo tanto, a riesgos catastróficos compartidos. La autoridad internacional no determinaría la orientación política de los modelos ni reemplazaría las leyes nacionales. Su función sería comprobar que los sistemas más avanzados no superen determinados niveles de peligro sin controles adecuados.

La construcción podría realizarse por etapas: primero, métodos compartidos para medir capacidades; después, una red de institutos nacionales de seguridad; posteriormente, un registro internacional de grandes entrenamientos; y finalmente, un tratado que habilite auditorías e inspecciones recíprocas.

De la cooperación voluntaria a una autoridad real

Para que el organismo tenga una autoridad comparable con la del OIEA, los Estados deberían firmar un tratado vinculante. Los países conservarían su soberanía regulatoria, pero asumirían la obligación de declarar los entrenamientos de frontera, permitir evaluaciones independientes e informar incidentes graves.

Ante un incumplimiento, la institución podría exigir medidas correctivas, emitir una advertencia internacional y remitir el caso a Naciones Unidas. Las sanciones comerciales, tecnológicas o financieras seguirían dependiendo de los Estados y del Consejo de Seguridad.

El modelo del OIEA demuestra que potencias rivales pueden aceptar mecanismos de inspección cuando comparten un riesgo capaz de atravesar fronteras. La inteligencia artificial todavía no cuenta con una arquitectura semejante. Pero a medida que los modelos adquieren mayor autonomía y capacidades científicas, biológicas y cibernéticas, la creación de una institución internacional deja de ser una idea futurista y comienza a convertirse en una necesidad política.