Australia puso en marcha uno de los experimentos regulatorios más ambiciosos del mundo digital: impedir que los menores de 16 años tengan cuentas en las principales redes sociales. Los primeros estudios muestran, sin embargo, que la mayoría continúa utilizando las plataformas alcanzadas por la medida.
La restricción entró en vigor el 10 de diciembre de 2025 y comprende servicios como Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat, X, Reddit, Threads, Twitch y Kick. No establece multas para los adolescentes ni para sus familias: obliga a las empresas tecnológicas a tomar “medidas razonables” para evitar que los menores abran o conserven cuentas.
Las compañías que incumplan pueden recibir sanciones de hasta 49,5 millones de dólares australianos. Aun así, tres meses después de su implementación, más del 85% de los menores de 16 años consultados en un estudio publicado por la revista científica The BMJ seguía utilizando alguna de las plataformas restringidas.
El resultado abre una discusión que supera las fronteras australianas. ¿Es posible prohibir el acceso de los adolescentes a las redes o las restricciones solo consiguen desplazar sus actividades hacia cuentas más difíciles de identificar?

El gobierno australiano presentó como un primer éxito la eliminación, desactivación o restricción de 4,7 millones de cuentas durante las semanas iniciales.
La cifra, sin embargo, debe interpretarse con cautela. Se refiere a cuentas y no a personas: un mismo adolescente puede administrar varios perfiles en distintas plataformas. Tampoco demuestra que los usuarios hayan dejado de acceder a las redes después del cierre.
La investigación publicada en The BMJ siguió a 408 adolescentes antes y después de la aplicación de la ley. Más del 85% de los participantes menores de 16 años informó que continuaba utilizando las plataformas reguladas, predominantemente desde cuentas propias.
Entre los adolescentes de 12 y 13 años, la frecuencia de uso diario se mantuvo prácticamente estable. Entre los de 14 y 15 años cayó del 78% al 69%. Es una reducción estadísticamente relevante, pero muy distante del objetivo de impedirles tener cuentas.
Los autores aclararon que se trata de evidencia inicial y que el tamaño de la muestra limita la posibilidad de generalizar los resultados a todos los adolescentes australianos. No obstante, los datos coinciden con los primeros relevamientos del organismo responsable de aplicar la norma.
La idea de que los adolescentes respondieron a la prohibición escondiéndose mejor tiene cierto respaldo. La investigación identificó el uso de cuentas falsas, perfiles prestados y navegación privada.
Entre un 15% y un 19% de los menores recurrió a cuentas falsas, mientras que entre un 9% y un 29% utilizó el perfil de otra persona. Otro grupo, de entre el 6% y el 11%, accedió mediante navegación privada.
Pero la principal falla fue todavía más elemental: numerosas plataformas no verificaron adecuadamente la edad de sus usuarios.
Una encuesta oficial realizada por eSafety, el regulador australiano de seguridad digital, entre 898 padres y cuidadores encontró que el 66,8% de los menores que conservaban sus cuentas nunca había recibido un pedido de verificación de edad.
Entre quienes eludieron expresamente las restricciones, un 23,3% utilizó métodos como identificaciones ajenas o alteraciones de su apariencia frente a sistemas de reconocimiento facial. Un 10,3% abrió una cuenta nueva después de que la anterior fuera desactivada y un 6,7% recurrió a una red privada virtual o VPN.
Los datos sugieren que el problema no se explica principalmente por adolescentes con conocimientos técnicos avanzados. En muchos casos alcanzó con declarar una fecha de nacimiento falsa, abrir otro perfil o continuar usando una cuenta que la plataforma nunca controló.

El primer informe de cumplimiento de eSafety detectó problemas importantes en Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok y YouTube.
Según el regulador, algunas plataformas permitieron que los usuarios repitieran varias veces un mismo proceso de estimación de edad hasta obtener un resultado que los ubicara por encima de los 16 años. También encontró procedimientos poco accesibles para que los padres denunciaran cuentas pertenecientes a menores.
Las tecnologías empleadas varían entre las compañías. Algunas analizan la información disponible en el perfil; otras solicitan una fotografía o una identificación. También pueden utilizar estimaciones faciales o señales relacionadas con el dispositivo y el comportamiento del usuario.
Ningún método ofrece una precisión absoluta. Un control demasiado flexible permite que los menores continúen ingresando. Uno demasiado estricto puede bloquear a adultos por error y aumentar la recopilación de información biométrica o documentos personales.
La legislación australiana no obliga a utilizar una identificación gubernamental específica. Las plataformas deben combinar distintos indicadores y proteger los datos empleados durante la verificación.
Los primeros resultados no permiten afirmar que la ley haya sido completamente inútil. Hubo cierres de cuentas y una reducción parcial del uso entre adolescentes de 14 y 15 años. La norma también trasladó formalmente la responsabilidad desde las familias hacia las empresas que diseñan y administran las plataformas.
Lo que todavía no está demostrado es que estas medidas hayan mejorado la salud mental, reducido el acoso digital, disminuido la exposición a contenidos dañinos o modificado de manera duradera los hábitos de los adolescentes.
También existen posibles efectos no deseados. Algunos especialistas advierten que los jóvenes pueden trasladarse a espacios digitales más pequeños, menos moderados y más difíciles de supervisar. Otros señalan que perder acceso a las redes puede afectar las relaciones sociales, el acceso a noticias o la participación de adolescentes que encuentran comunidades de apoyo en internet.
eSafety inició una evaluación de largo plazo junto con investigadores de la Universidad de Stanford y especialistas australianos e internacionales. El programa estudiará efectos sobre el bienestar, la salud mental, las relaciones familiares, los hábitos digitales y la exposición a riesgos. Sus resultados se publicarán progresivamente y la revisión legislativa está prevista para comenzar en 2027.

La experiencia de Australia muestra que aprobar una prohibición resulta mucho más sencillo que construir un sistema capaz de distinguir de manera confiable entre un usuario de 15 años y otro de 16 sin convertir cada ingreso a internet en un control de identidad.
También expone una contradicción central: las mismas plataformas que poseen información detallada para personalizar contenidos y publicidad han tenido dificultades —o pocos incentivos— para identificar a sus usuarios menores de edad.
Australia todavía no demostró que sea imposible limitar el acceso adolescente a las redes. Sí mostró que una prohibición, por sí sola, no alcanza. Sin controles eficaces, diseños menos adictivos, educación digital y participación de las familias, los menores no desaparecen de internet: mantienen sus cuentas, crean otras o se trasladan hacia espacios donde resulta más difícil verlos.