Caso Magis TV en Argentina: quién es el empresario imputado, qué investiga la Justicia y por qué marca un precedente
La causa judicial contra Magis TV, una de las mayores plataformas de IPTV ilegal de América Latina, dejó de ser un fenómeno difuso de piratería digital para convertirse en una investigación estructural sobre el negocio, sus intermediarios y su vínculo con la infraestructura formal de Internet en Argentina.
En el centro del expediente aparece un nombre propio: Ulises Jorge Velázquez, empresario del sector telecomunicaciones, acusado de ser uno de los principales revendedores mayoristas del servicio.
Velázquez es dueño de UV Mundo Digital, un proveedor de servicios de Internet con base en Chubut. Según la documentación incorporada a la causa y la cobertura judicial, se trata de una empresa legalmente habilitada por ENACOM e integrante de CABASE, la cámara que nuclea a ISPs regionales.
Ese dato es clave: por primera vez, la Justicia argentina investiga de manera directa la hipótesis del “doble rol”. Es decir, un operador que funciona dentro del ecosistema formal de conectividad, pero que al mismo tiempo habría comercializado masivamente accesos a un servicio ilegal de IPTV.
De qué lo acusan
La imputación principal está vinculada a la Ley de Propiedad Intelectual (11.723). Según la fiscalía, Velázquez habría vendido miles de cuentas de Magis TV Pro, una APK que permite acceder sin licencia a señales deportivas, películas y series protegidas por derechos de autor.
La investigación también reconstruyó el circuito financiero del negocio: transferencias bancarias y billeteras virtuales por montos que, según lo publicado, superarían los 160 millones de pesos, con miles de operaciones vinculadas a la comercialización del servicio.
En términos judiciales, no se lo investiga como usuario ni como revendedor minorista, sino como nodo comercial relevante dentro del esquema de distribución.
Cómo avanza la causa Magis en Argentina
La causa se tramita en San Isidro y forma parte de una ofensiva más amplia contra redes de IPTV ilegal en la región, en línea con acciones internacionales como la Operación 404.
Entre los hitos principales se destacan:
– Allanamientos simultáneos en Chubut, Río Negro y Mendoza
– Secuestro de TV Box, celulares, computadoras y documentación
– Identificación de marcas, alias y revendedores de “alta gama”
– Bloqueo de dominios y URLs vinculadas a Magis TV
Uno de los puntos más relevantes fue una resolución judicial que ordenó medidas técnicas inéditas: bloqueo y deshabilitación del funcionamiento de la aplicación en dispositivos Android con IP argentina. En la práctica, la Justicia avanzó sobre el funcionamiento tecnológico del servicio, no solo sobre sus operadores humanos.
Quién lleva adelante la investigación
La causa está a cargo de la UFEIC (Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelitos) de San Isidro, conducida por el fiscal Alejandro Musso, uno de los funcionarios con mayor especialización en delitos digitales, fraude informático y piratería online.
Interviene el Juzgado de Garantías N.º 4 de San Isidro, a cargo del juez Esteban Rossignoli, quien firmó las principales órdenes de allanamiento y bloqueo.
Por qué este caso es distinto
El expediente Magis marca un quiebre por tres razones centrales: Primero, desplaza el foco del “usuario final” hacia la cadena de valor: desarrolladores, revendedores, infraestructura, pagos y logística digital. Segundo, involucra a actores del ecosistema formal de Internet, rompiendo la frontera entre “piratería marginal” y negocio estructurado. Tercero, introduce el debate sobre responsabilidad tecnológica: ISPs, sistemas operativos, marketplaces de apps y proveedores de hardware quedan bajo observación.
En un contexto donde el consumo audiovisual migra a plataformas digitales y el control de derechos se vuelve cada vez más complejo, el caso Magis TV se perfila como un precedente judicial y político. No solo para la industria del entretenimiento, sino para el modo en que el Estado argentino empieza a leer los delitos digitales: como economías organizadas, no como infracciones aisladas.
