Este pronunciamiento busca fortalecer la gestión de riesgos y la seguridad en un sector que continúa evolucionando rápidamente.
El comunicado oficial aclara que las organizaciones bancarias pueden ofrecer servicios de resguardo de criptoactivos tanto en capacidad fiduciaria como no fiduciaria, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente. El resguardo se define como el servicio de mantener activos digitales en nombre de los clientes, diferenciándose de otros servicios de custodia más amplios.
Gestión de riesgos: Antes de incursionar en la custodia de criptoactivos, los bancos deben evaluar riesgos financieros, tecnológicos y operativos. Se exige que el personal y los directivos tengan conocimientos sólidos sobre el sector y que exista un marco de gobernanza adaptable a los cambios tecnológicos y del mercado.
Control de claves criptográficas: El documento subraya que el mayor riesgo es la gestión de las claves privadas. La pérdida o el compromiso de estas claves puede resultar en la pérdida irreversible de los activos. Los bancos deben demostrar control exclusivo sobre las claves y contar con planes para posibles incidentes.
Selección de criptoactivos: No todos los activos digitales son iguales. Las entidades deben analizar cada criptoactivo y su tecnología subyacente para identificar vulnerabilidades y ajustar sus controles.
Ambiente de control y supervisión: Se requiere un entorno de control robusto, con auditorías independientes y supervisión continua, para garantizar la seguridad y el cumplimiento normativo.
El documento no introduce nuevas expectativas supervisoras, sino que reafirma la aplicación de las leyes y principios existentes, adaptados a la realidad de los criptoactivos. El mensaje es claro: las instituciones que busquen ofrecer estos servicios deberán hacerlo con altos estándares de gestión de riesgos y controles tecnológicos.
El auge de los criptoactivos ha llevado a bancos y entidades financieras a explorar nuevos modelos de negocio.
Sin embargo, la volatilidad del sector y los riesgos asociados han motivado a los reguladores a reforzar la supervisión y a exigir mayor transparencia y seguridad en la custodia de estos activos.
Las nuevas directrices representan un paso más hacia la integración segura de los criptoactivos en el sistema financiero tradicional, buscando proteger tanto a los consumidores como a la integridad del sistema bancario.