La falta de legislación específica sobre IA representa un riesgo no menor: desde vacíos legales hasta posibles vulneraciones a los derechos humanos. Por eso, distintas iniciativas parlamentarias ya están sobre la mesa. A continuación, un repaso por los principales proyectos en discusión:
Autor: Juan C. Romero
Objetivo: Garantizar que todas las personas mayores de 18 años en Argentina tengan acceso gratuito a conocimientos básicos sobre IA.
Claves del proyecto:
Busca reducir la brecha digital generacional, geográfica y de género.
La autoridad de aplicación diseñará los contenidos, priorizando sectores vulnerables.
Se convocará a un comité de especialistas para evaluación y seguimiento.
Fundamento: En un mundo donde la IA se adopta a gran velocidad, no adquirir conocimientos sobre ella deja a sectores enteros fuera del mercado laboral y la vida digital.
Autora: María V. Huala
Objetivo: Capacitar en IA y gestión de datos a todo el personal del Estado, en los tres poderes y todos los niveles de gobierno.
Puntos clave:
Involucra a la Secretaría de Innovación como autoridad de aplicación.
Crea un Comité Consultivo con expertos multidisciplinarios.
Los contenidos abarcan desde gobernanza de datos hasta ética algorítmica.
Ejemplos prácticos:
El GCBA capacitó a más de 10.000 agentes.
En San Francisco, el uso de IA en gestión pública permitió ahorros de hasta 15.9 millones de dólares anuales.
Autor: Martín Doñate
Objetivo: Crear un marco legal para el desarrollo, uso y comercialización de sistemas de IA en Argentina.
Aspectos destacados:
Prohíbe sistemas de “riesgo inaceptable” que vulneren derechos humanos o no tengan supervisión humana.
Crea la Agencia Nacional de Supervisión de la Inteligencia Artificial (ANSIA).
Exige evaluación de impacto público y gestión de riesgos para los sistemas implementados.
Sanciones: Incluyen multas, suspensiones y prohibiciones de uso ante incumplimientos.
Autores: Silvia Sapag, Pilatti Vergara, García Larraburu, entre otros.
Objetivo: Promover el uso responsable y democrático de la IA.
Puntos clave:
Clasifica los sistemas según su nivel de riesgo (inaceptable, alto, limitado, sin riesgo).
Prohíbe tecnologías como identificación biométrica remota en tiempo real sin orden judicial.
Designa a la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) como órgano de control.
Obliga a notificar incidentes y reparar daños a usuarios afectados.
Autores: García Larraburu, González y Pilatti Vergara
Objetivo: Crear un organismo descentralizado que impulse la investigación, el desarrollo y la implementación de IA en el país.
Rol del INIA:
Elaborará un Código de Ética y un Protocolo de Evaluación de Impacto Algorítmico.
Promoverá la perspectiva de género y diversidad en la tecnología.
Articulará con universidades, empresas y organismos estatales.
En conjunto, estos proyectos buscan equilibrar el impulso a la innovación tecnológica con la necesidad de proteger a la ciudadanía, en un ecosistema donde la IA ya está transformando la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Argentina se suma así al debate global, con iniciativas que promueven el desarrollo económico y científico, pero sin perder de vista la equidad, la transparencia y los derechos fundamentales.
La discusión en el Congreso será clave para definir qué tipo de relación queremos tener con la Inteligencia Artificial: una de beneficio colectivo o una de riesgo y exclusión.